Pederastas protegidos por los poderosos
“Ante Dios y su pueblo, expreso mi pesar por los pecados y crímenes graves de abuso sexual clerical cometidos contra ti. Y pido humildemente perdón. Pido perdón también por los pecados de omisión por parte de los líderes de la Iglesia, que no respondieron adecuadamente a las denuncias de abuso de miembros de la familia, así como por las propias víctimas de abuso”.
Estas fueron las palabras del Papa Francisco, ayer, cuando recibió a seis víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero, y a sus familiares, en la capilla de su residencia Vaticana en la Casa Santa María.
Después de la misa, el Papa los invitó a desayunar y sostuvo pláticas en privado con cada uno de los afectados por más de 30 minutos. Sin duda, el tema de la pederastia es el que más ha afectado la imagen de la Iglesia Católica en los últimos años. El Papa Francisco lo ha asumido y aceptado, pero sobre todo ha sido enérgico en decir que no lo va a tolerar: “No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para los que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño hecho a un menor por parte de cualquier persona, ya sea un clérigo o no”.
Uno de los principales compromisos desde la llegada del Papa Francisco fue luchar contra la pederastia, una práctica que ha sido encubierta, y lo sigue siendo, por muchos poderosos tanto en la Iglesia como en la política y, por qué no, también, en el ámbito empresarial.
Está el caso del sacerdote Eduardo Córdova, acusado de abusar sexualmente de más de 100 niños durante 30 años, en seminarios o colegios católicos de San Luis Potosí. Según el testimonio del ex sacerdote Alberto Athié, quien hizo la denuncia pública, la Arquidiócesis de San Luis Potosí, al igual que el Vaticano, estaban enterados de este tipo de abusos desde 1995.
En el dicho de Athié, la Arquidiócesis de Córdoba fue la primera en denunciar al sacerdote presentando una denuncia penal en el 2012, que se hizo casi al mismo tiempo que el Vaticano determinó suspender al ex sacerdote y separarlo de la Iglesia.
Eduardo Córdova fue durante años el representante legal de la arquidiócesis y el encargado de procesar las denuncias contra religiosos de esa comunidad. Y además era el responsable de los vínculos políticos de la Iglesia católica local especialmente con el gobierno del estado. Actualmente este hombre es prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol. Dicen que huyó protegido por grupos de poder local.
También está el caso del sacerdote Guillermo Gil Torres, que está en prisión también por el delito de abuso sexual en perjuicio de un menor. Sin embargo, existe un grupo de feligreses que pide su libertad.
Y cómo no escribir unas líneas del padre Marcial Maciel, quien tuvo toda la protección, pero no sólo de la Iglesia, sino también de políticos, miembros de la sociedad civil y económica de este país. Cuando empezaron las primeras denuncias en su contra, en 1997, un grupo de empresarios promovió un boicot publicitario contra los medios que publicaran notas en contra del Padre Maciel.
Me parece muy bien lo que está haciendo el Papa Francisco en contra de la pederastia, pero este delito no ha sido encubierto durante años solamente por la Iglesia, también por algunos feligreses, políticos y empresarios. Debemos tomar consciencia de la gravedad de este asunto y no seguir encubriendo a hombres que abusan de menores.
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