Periodistas entre el fuego y la censura

Ser periodista cada día es de más alto riesgo. Ahora el ojo está puesto en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez tenía 59 años, era periodista de La Jornada y colaboraba con el medio digital local Crítica Digital Noticias (CDN). Fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo lo ubicaron el sábado pasado en la comunidad El Aguacate, cerca de Tepic, estaba dentro de una bolsa negra, con un mensaje clavado en su pecho.

De forma paralela, dos de sus colegas de medios locales nayaritas también fueron privados de la libertad desde el 5 de julio y el mismo día que encontraron los restos de Luis, localizaron vivo a Jonathan Lara Ramírez y poco después apareció Osiris Maldonado de la Paz. Ninguno de los dos periodistas liberados quiere presentar su declaración. El miedo es fundado.

Ha habido muchos hechos violentos dirigidos contra periodistas y medios de comunicación en Nayarit, no se ha dado un informe oficial sobre quién o quiénes están detrás de estos ataques.

Precisamente desde ese estado durante el mandato de Edgar Veytia como fiscal local, recibimos amenazas por hacer un trabajo de investigación sobre lo que sucedía en ese estado. El tema era, cómo habían sido despojados distintos desarrolladores inmobiliarios de sus construcciones para ser vendidas por gente afín al entonces fiscal.

Después de las amenazas, autoridades federales que investigaron el caso, llegaron a la conclusión que los actos de intimidación venían desde Nayarit. Poco después fue detenido Edgar Veytia acusado de trasiego de drogas en Estados Unidos.

Pero las amenazas a periodistas en ese estado no cesan y lamentablemente no quedan en simples amenazas, hay asesinatos a comunicadores.

En el caso de Luis Martín, la principal línea de investigación sobre su asesinato está relacionada con su labor periodística. Su esposa dijo que él se encontraba en su casa cuando los delincuentes llegaron y se llevaron una computadora, un disco duro y su gafete de prensa.

A su funeral no asistieron funcionarios locales o estatales o federales, pese a que en redes sociales varios condenaron su homicidio, para las autoridades encargadas de la seguridad se convierte en un caso más, en un asesinato más que en semanas podría sólo engrosar la lista de periodistas asesinados.

Con Luis Martín Sánchez son ya 37 periodistas asesinados en México desde que inició el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que estos crímenes han provocado más indignación fuera del país que dentro. Lamentablemente, los mexicanos cada día normalizamos más estos asesinatos, situación que es terrible.

En 2022, México encabezó la lista como el país que no está en guerra, donde la prensa corre el mayor peligro, al concentrar el 20 por ciento de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

De acuerdo con la organización Artículo 19, 157 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, en posible relación con su labor. Las exigencias y reclamos desde la comunidad internacional pareciera que a las autoridades locales y nacionales poco les importa.

Con cada agresión se coarta la libertad de expresión y el derecho constitucional a la información. Y todos los días, los que nos dedicamos a esta profesión estamos en mayor riesgo por decir la verdad, una verdad que la gente tiene el derecho a saber.

Luis Martín Sánchez Íñiguez ejercía su profesión en un estado donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, un informe del 2022 de la Comisión Nacional de Búsqueda detalla que existe un grupo delictivo que operó de 2011 a 2016 estaba controlado por la Fiscalía Estatal de Nayarit y luego rompió con los funcionarios locales para incorporarse al Cártel Jalisco.

Según el documento, la red criminal operada desde el gobierno estatal, y comenzó a delinearse a partir de 2009, con el acceso a cargos públicos municipales de dos de sus actores clave: Roberto Sandoval, quien fue alcalde de Tepic de 2008 a 2011 y Edgar Veytia, quien estaba en la fiscalía.

El reporte indica que la red se consolidó a partir de 2011 cuando Sandoval quedó al frente del gobierno estatal y el segundo, en seguridad pública y luego en la fiscalía del estado. Asimismo, detalló que se reestructuró en 2017 tras la detención de Veytia y con el fin del gobierno de Sandoval.

Desde ese 2009, la violencia en Nayarit ha escalado no sólo con el registro de homicidios dolosos, sino con el de personas desaparecidas, que incluye reporteros, periodistas y comunicólogos.

Hablamos de una entidad que tiene una población de más de 1.2 millones de habitantes, la mayoría de ellos viviendo en su capital Tepic, y es que en menos de 20 años, esa población ha visto como la delincuencia organizada supera la justicia sin poder hacer nada.

Pero, además, estamos hablando de una de las zonas que más turismo de alta gama recibe en el país, y estos ingresos por quienes viajan son los que sostienen en gran medida las finanzas estatales.

Sin seguridad también se va a caer el turismo. Un reporte sobre seguridad pública realizado por la agencia IPS, indica que en el primer semestre de 2022, Nayarit fue la segunda entidad federativa donde creció más la incidencia delictiva, al pasar de dos mil 421 presuntos delitos registrados en el mismo periodo del año pasado, a tres mil 553, lo que representó un incremento de 46.8 por ciento.

Mientras que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, 32.3 por ciento de la población de Tepic se siente insegura; 46 por ciento refirió sentirse inseguro cuando acude a un cajero automático; 26 por ciento, al viajar en transporte público. Es inaceptable que los periodistas no puedan ejercer su labor libremente y sabiendo que los pueden matar.

Y hablando de seguridad. Marcelo Ebrard presentó la parte de tecnología del Plan Ángel. En los próximos días dirá cuál es su estrategia completa en la materia, que consta de la instalación de cámaras de seguridad en todo el país, en las ciudades y zonas rurales; contarán con reconocimiento facial, detectores de armas y reconocimiento morfológico de delincuentes.

Además, propone que haya rastreadores para evitar el robo de auto, drones para localizar vehículos, cámaras inteligentes para personal  de la Guardia Nacional, crear ecosistemas utilizando inteligencia artificial para contactar todas distintas bases de datos. Con esto, aseguran que se le puede dar seguimiento a cualquier búsqueda para dar con el delincuente de manera más rápida.