Resolución judicial contra Sacmex
A casi dos meses de que vecinos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México detectaron que el agua potable que llegaba a sus casas estaba contaminada, las autoridades de la Ciudad de México, desde el Sistema de Aguas Capitalino (Sacmex) buscan ocultar la información de cuáles fueron los contaminantes y los motivos.
Cuando los habitantes empezaron a percibir que había mal olor y una textura grasosa en el agua, el Gobierno de la Ciudad de México los culpó diciendo que seguramente sus tinacos estaban sucios.
Pasaron tres semanas para que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, finalmente reconociera que efectivamente se habían contaminado los ductos. Muy poca información se ha dado a conocer, aun cuando es un derecho fundamental tener estos datos, sobre todo por temas de salud. Es el agua que toma la gente, con la cual cocina, se baña, se lava los dientes entre otras cosas.
Las mismas autoridades capitalinas reportaron poco más de 800 casos con afectaciones de salud por el agua contaminada.
¿Por qué las autoridades capitalinas buscan ocultar la información y clasificarla como reservada de tres a cinco años?
Mientras habitantes de la alcaldía Benito Juárez exigen la entrega de datos sobre qué fue lo que contaminó el agua, el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió una suspensión provisional en favor de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, afectados por la contaminación del agua en dicha demarcación, a fin de que las autoridades capitalinas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) garanticen el suministro de agua potable.
Y es que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por tres años los resultados de las pruebas realizadas al líquido, tras considerar que exponerlos podría generar “interpretaciones erróneas”, además de otras consecuencias.
Para el juez, el bienestar de los afectados que han recibido agua contaminada es superior al argumento de las autoridades capitalinas y ha ordenado a las autoridades de la CDMX a entregar información.
Por su parte, Lucina León, miembro del equipo legal vecinal, informó acerca de la resolución del juez, resaltando que esto implica que el jefe de Gobierno, Martí Batres, debe garantizar con pruebas irrefutables que el agua no se encuentra contaminada. Los vecinos además exigen a las autoridades hacer una reparación de daños.
Por lo pronto, la notificación de la suspensión provisional a su amparo se realizó el 7 de mayo. Las autoridades tienen a partir de ahora un plazo de 15 días para informar sus acciones a seguir.
Hasta ahora hay más de 40 solicitudes de transparencia de ciudadanos y ya se analizan dos de ellas, que podrían revertir la decisión de clasificar los datos.
Recordemos que los habitantes de la alcaldía Benito Juárez afectados presentaron dolores de cabeza, ardor en ojos, piel irritada y manchas en la piel, aun así, el Gobierno de la Ciudad de México asegura que la información no debe ser publicada por razones de seguridad. Incluso, el Gobierno de CDMX confirmó que 800 personas habían presentado problemas de salud por el agua contaminada. Es un tema de salud saber qué fue lo que contaminó el agua.
Hoy se sabe que en el pozo Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, de donde se surte gran parte del agua que llega a la Alcaldía Benito Juárez, se detectó la fuente de contaminación y las autoridades capitalinas empezaron a trabajar en limpiar éste y otros puntos que proporcionan agua a la CDMX.
Ésta no es la primera vez que una dependencia o institución reserva datos por razones de seguridad, el mismo Sacmex causó polémica en 2022 por el tema de pozos y tuberías de agua en la capital del país. En ese momento, Info CDMX ordenó desclasificar información. Mientras que a nivel federal varios temas de interés general se mantienen bajo reserva por cinco años.
El 19 de abril del 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó reservar todo lo relacionado con la operación de agentes de seguridad de 11 países en México, incluidos los de Estados Unidos, China y Alemania, así que no es posible conocer cuántos tienen autorización del Gobierno federal y para qué actividades.
Mientras que en junio del año pasado y en medio de la polémica por el supuesto adoctrinamiento gubernamental a través de los nuevos libros de texto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó por cinco años la información de las asambleas realizadas para consultar la reforma a los planes de estudio y los libros de texto gratuitos que el Gobierno ha querido instrumentar.
Lo mismo ocurrió con el avalúo del avión presidencial que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que fue reservado hasta el año 2028.
En noviembre del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que calificaba como “de interés público y seguridad nacional” las obras a cargo del Gobierno, incluidos megaproyectos insignes como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Con ello buscaba reservar la información de sus megaproyectos relacionada con las licitaciones de esos megaproyectos y dejarlos bajo llave, con lo cual se podría desconocer los detalles concernientes a las empresas participantes en licitaciones y los convenios establecidos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la decisión del Ejecutivo.
Si todo es tan transparente, claro y sin ningún conflicto de interés, ¿por qué tanto empeño en reservar información que es tan importante para la ciudadanía, incluso en casos donde se podría ver afectada su salud por no conocer los contaminantes a los que estuvieron expuestos?
Por lo pronto, hay una orden judicial para que se dé a conocer la información de qué y por qué se contaminó el agua en la delegación Benito Juárez. Ahora a ver qué hacen las autoridades para tratar de revertir lo dictado por el juez, quien emitió una resolución en favor de la ciudadanía y en contra de la violación de leyes y abusos de autoridad.
