Una reforma violando la ley
No deja de ser una paradoja que una reforma constitucional al Poder Judicial se haga violando la ley.
Y es que la tarde y noche del pasado 10 de septiembre estuvieron marcadas por una violencia política que yo jamás había visto. Ni siquiera se cuidaron las formas para presionar y que se votara la reforma al Poder Judicial.
Fue una jornada vergonzosa, que marcará negativamente el futuro de México. Hubo de todo, traiciones, amenazas, licencias inexplicables, otros que se hicieron pasar como enfermos, se utilizaron artimañas de la justicia para detener al padre de uno de los senadores de Movimiento Ciudadano y dejar incomunicado al senador.
Fue en gran medida un acto de corrupción, ésos de los que nos cuentan a la sociedad que se van a terminar con esta reforma que lo único que busca es que el Poder Judicial sea controlado por el partido en el poder.
Manifestantes que intentan que no se destruya al Poder Judicial intentaron ingresar a la sede alterna del Senado durante la discusión de la reforma, pero fueron recibidos por policías que lanzaron gas, cercaron la zona y no dejaron pasar a la gente.
Platicando con mi compañero reportero Óscar Hernández, de ADN40, quien se encontraba en el lugar, me decía que nunca había visto tal despliegue de fuerzas de seguridad.
Fue una ríspida votación, con 86 votos a favor y 41 en contra. El oficialismo, integrado por Morena, PT y PVEM, logró sumar el voto que les faltaba para la mayoría calificada con el panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
Mucho sabían de Yunes Márquez y de Yunes Linares para presionarlos y que éstos trabajaran a favor de Morena y sus aliados.
El dictamen ahora deberá ser aprobado en 17 de los 32 congresos estatales para que el Ejecutivo complete la reforma al único contrapeso que quedaba en nuestra democracia.
A Morena y sus aliados no les importaron las formas, sino el resultado, pues para aprobar la reforma judicial incurrieron en decenas de ilegalidades judiciales, como no acatar las cuatro suspensiones que impedían, primero a los diputados, discutir la reforma, y luego el llamado fue para el Senado, cuando incluso una juez emitió una suspensión definitiva para evitar que avanzara el análisis y votación.
Fue la jueza Quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, quien otorgó la suspensión: “El dictamen no podrá ser considerado, y menos aprobado por la nueva legislatura, y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, se lee en la resolución.
El mismo documento indicaba que “en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para, posterior a ello, ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”.
A nivel internacional ya se presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Especialistas indican que la Comisión ya solicitó al Estado mexicano un informe detallado sobre la reforma judicial, el cual debe ser entregado en las próximas semanas.
Además, se presentó una medida cautelar ante la misma Comisión para que ordene al Congreso detener el procedimiento legislativo, pero tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hicieron caso omiso. Aunque no se sabe aún cuál será la resolución de la Comisión.
Ante el desacato al llamado internacional, México podría enfrentar muy graves consecuencias en materia de relaciones con los Estados que forman parte de la Comisión Interamericana.
Además de las irregularidades legales para aprobar la reforma judicial Morena y sus aliados usaron a las fiscalías estatales para amenazar a los senadores y evitar que llegaran a la sesión en el pleno, así lo denunciaron los líderes nacionales del PAN y PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente.
Previo a lo ocurrido en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, los legisladores de oposición denunciaron irregularidades en el análisis del dictamen debido a que el acuerdo en la Junta de Coordinación Política, que coordina los trabajos de los legisladores, fue que la votación en lo general fuera en un día y la votación en lo particular en la siguiente jornada, pero en los hechos, ambas votaciones se llevaron a cabo en una misma sesión.
Y cuando los trabajadores del Poder Judicial tomaron la Cámara de Diputados, de forma arbitraria el oficialismo cambió la sede a la Magdalena Mixhuca sin someterlo a una votación entre todos los diputados, además de que hubo denuncias de que en la sede alterna no siempre hubo quorum para llevar a cabo el análisis del dictamen, incluso, hubo señalamientos de que hubo votos emitidos por choferes o asistentes personales de los diputados.
Por esta situación, las bancadas del PAN y el PRI en la Cámara baja presentarán impugnaciones, pero también se alistan amparos indirectos para invalidar la sesión y reponerla.
Y mientras esta reforma al Poder Judicial parece que no se podrá parar, para que se revise a fondo, se estudie y se hagan las modificaciones para que existan garantías jurídicas para personas y empresas, la única ventana que podría servir es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, también, desde el Poder Ejecutivo, que fue donde se hizo esta reforma, se busca votar a nuevos ministros para que nadie les haga contrapesos.
Días intensos para México.
