Vapeadores, negocio millonario para crimen organizado
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto oficial por el cual quedará prohibida la circulación y comercialización de vapeadores o cigarros electrónicos.
Esto incluye la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.
A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables.
Por supuesto que es una realidad que los vapeadores son muy dañinos para la salud, contengan o no nicotina, lo que hacen es que cada vez que se utilizan llega vapor a los pulmones. Sabemos, según investigaciones de expertos, que es mucho más dañino el uso de vapeadores que el del cigarro normal, y que los pulmones con este vapor pueden colapsarse.
También es cierto que estos artefactos han funcionado para personas que quieren dejar de fumar.
Existen cerca de un millón de usuarios activos de vapeadores en México, según el reporte de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), y se estima que este mercado deja ganancias entre 3 mil y 5 mil millones de pesos en equipos y aditamentos.
Lo que hemos dicho en este espacio es que estos artefactos sí afectan la salud, pero hay que regularlos, que tengan buena calidad, la prohibición sólo hará que este mercado llegue al crimen organizado y ellos los distribuyen, sin regulación, sin control de calidad y podría ser la puerta de entrada de otras drogas que ellos mismos distribuyen.
Recordemos la ley seca en Estados Unidos, en 1920, que duró poco más de una década. ¿La gente dejó de tomar? Por supuesto que no, pero se conseguía el alcohol de forma ilegal.
En 1917, el Congreso de ese país aprobó la Enmienda XVIII, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio estadounidense. Dos años después, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, siendo susceptible de imponerse como ley federal.
La ley seca no prohibía ciertamente el consumo de alcohol, de hecho, se siguió importando vino de Jerez para uso medicinal y religioso, pero lo hacía muy difícil para las masas, porque prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas, ya fuera para importarlo o exportarlo.
Algunos sectores entendieron esta ley como una injerencia del Estado en su vida privada, así como una coacción de la propia libertad individual.
Esto provocó que el negocio quedara en manos de las mafias en los llamados “años de la prohibición”. La ley seca duró más de una década.
La Cosa Nostra ganó notoriedad en Estados Unidos, al ganar territorios y volverse una fuerza del crimen organizado en Chicago y Nueva York.
Alphonse Capone, conocido como Al Capone, tuvo su marco de acción en Chicago, y generó un imperio criminal del que sacaba anualmente alrededor de 60 millones de dólares. Además, no sólo tenía poder económico, sino que tenía poder de acción gracias a las amplísimas redes clientelares.
Artículos prohibidos
Y no fue el único que quiso aprovechar la ley seca para convertirla en beneficios económicos, por lo que la confrontación entre gánsteres fue muy intensa y repetida durante los años de la prohibición.
Los diferentes grupos criminales acordaron repartirse las zonas de influencia, de manera que cada banda tenía el control de un determinado territorio y de la actividad delictiva.
Estas actividades criminales crecieron, surgieron bandas dedicadas al contrabando de alcohol, cuya competitividad a menudo acababa en ríos de sangre. Aprovechando la demanda en medio de la prohibición, los criminales se multiplicaron.
Para los bebedores era fácil buscar su producto a través del contrabando o, directamente, la fabricación casera o industrial en lugares clandestinos.
Aparecieron así estrategias para disimular la fabricación y el consumo de alcohol. Se difundieron, por ejemplo, las botellas de bolsillo.
En el caso del whisky destilado ilegalmente, al que se le llamó moonshine, por la clara referencia a su elaboración a escondidas “a la luz de la luna”, era tóxico y de mala calidad, e incluso llegó a causar numerosas muertes.
Pues lo mismo va a pasar con los cigarros electrónicos. Quienes los usan verán la forma de conseguirlos. No es nada difícil, todas las drogas ilegales se consiguen con tan sólo mandar un mensaje por Instagram o WhatsApp y llegan a la puerta de tu casa.
El problema será la calidad: nadie los supervisará. Vayamos a lo más básico: aquellos cigarros electrónicos que son recargables, sin control de las baterías, éstas pueden explotar, no se sabrá qué químicos contienen y no hay forma de saberlo.
Podría implicar que el producto comprado de forma ilegal no cuente con los estándares de calidad necesarios o que, incluso, se experimente usarlo para el consumo de otras drogas, como con la mezcla de tetrahidrocanabinol (THC), principal activo de la cannabis, y vitamina E, que en Estados Unidos provocó varias muertes en 2019.
Por lo menos si se hace una regulación, se debe de incluir en el empaque los ingredientes que contienen, los dispositivos que necesiten baterías se requiere la certificación de que son de buena calidad. Y se puede poner también en el empaque la advertencia de los riesgos que estos cigarros representan.
Pero cada ciudadano debe de poder tener la libertad de decidir si quiere o no utilizarlos, teniendo la información de lo que estos cigarros hacen a la salud.
Hoy, los únicos beneficiados con este decreto son el crimen organizado, al que le acaba de caer en sus manos un negocio millonario.
