Voluntad política para castigar el acoso

Hace unos días platiqué en una entrevista con la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, justo después de haberse dado a conocer la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de acoso sexual y de formar una red de tráfico de mujeres.

 Lo más importante para armar este caso, me aseguró la fiscal, fue platicar con las víctimas de Gutiérrez de la Torre y dárles la seguridad que podían dar información sin ser expuestas.

“La mejor manera de prevenir es acabar con la impunidad, para acabar con la impunidad necesitamos generar confianza en las mujeres, que cuando se presentan a instancias de gobierno van a ser escuchadas”, comentó.

¿Cómo se genera esa confianza le pregunté?

“Primero hay que informar a las mujeres que en el gobierno de la Ciudad de México hay muchas instancias que las escuchan, que las protegen, aunque no presenten la denuncia porque para que una mujer presente una denuncia se necesita mucho, se necesita que tenga confianza en sí misma y en las instituciones.

“Estamos preparadas para proteger a las mujeres, que nos tengan confianza, eso es algo que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres se animen a no continuar en la violencia”, respondió.

El riesgo no sólo es en la casa con la pareja, esta violencia, este acoso, se da en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral.

Las autoridades aseguran que no lo van a permitir. Y ojalá así sea, porque en muchos casos las denuncias que se realizan quedan en eso, en nada. Y eso, es lo que me dijo la fiscal Godoy que está dispuesta a revertir. Repito, ojalá así sea y se demuestre con hechos. Y es que el acoso laboral lo ejercen quienes se sienten poderosos. Y en eso el Gobierno suele ser norma.

Para combatir esta situación, el 8 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer un nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal. En este nuevo documento, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reconoce por primera vez el respeto a los derechos humanos como principio y eje fundamental del servicio público.

Hay de todo, algunas cosas discutibles, otras no. Quedan prohibidos los abrazos, besos y recibir regalos. Nada de piropos e insinuaciones de carácter sexual ni espiar a personas en los sanitarios. No está permitido condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones del mismo, a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual de cualquier tipo.

Ésta es la primera vez que el Gobierno federal incluye una definición y un listado de conductas relacionadas con el acoso y hostigamiento sexual y laboral a evitar por parte de los funcionarios.

Este nuevo código incluye a todos los trabajadores del Gobierno, desde los niveles inferiores hasta los de más alto rango, e incorpora el concepto de igualdad de género en lugar del de equidad, para promover un comportamiento ético de todos los servidores públicos dentro y fuera del espacio de trabajo; además, destaca que deben “ser una figura ejemplar frente a la sociedad y a sus equipos de trabajo”; también les pide evitar los comportamientos que dañen la imagen del servicio público.

Reconoce el acoso laboral como una serie de eventos violentos que intimiden, excluyan, amedrenten u opaquen emocional o intelectualmente a una persona, causando daño físico y psicológico, económico o laboral. En este caso el vínculo entre ambas partes es laboral.

También identifica el acoso sexual como una forma de violencia en la que no es necesaria la subordinación jerárquica, incluso se puede presentar entre personas de menor nivel jerárquico. Señala que se pude presentar de funcionarios públicos hacia particulares y se expresa en conductas verbales, de hecho, física o visual.

Las denuncias contra funcionarios públicos que incumplan con este código deben hacerse ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de las dependencias. El primero emitirá recomendaciones para mejorar el clima laboral y del servidor público; el segundo, que es la autoridad al interior de las dependencias, es la encargada del conocimiento de las denuncias por presuntas faltas administrativas que se castigaran en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cuando un funcionario incurra en sanciones por faltas administrativas no graves, puede haber desde una amonestación pública o privada hasta la suspensión del empleo, cargo o comisión. Cuando es grave, puede sufrir una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Desde 2014 al 2021 las denuncias por acoso y abuso sexual en general se han incrementado, con más de 250 mil ataques, de los cuales 95 por ciento no han sido resueltos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los casos contra servidores públicos en su mayoría no son denunciados debido a los temores de posibles represalias o perder el trabajo.

Este nuevo código de ética considera que las redes sociales constituyen una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que deben mantener un comportamiento acorde con la ética pública; emplear lenguaje incluyente y no sexista en las comunicaciones institucionales.

El código ya es vigente, pero las leyes contra acoso sexual lo estaban desde mucho antes. Para su castigo se requieren por supuesto códigos como el descripto, pero además voluntad política como la que dice tener la fiscal Godoy y que los jueces cuando se presenten las denuncias no se pongan del lado del acosador. Si no, no habrá forma de hacer justicia.