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Yarrington, a Estados Unidos

Tomás Yarrington fue un gobernador con muchos contactos y poder durante su administración. Incluso fue amigo personal del expresidente George Bush.

 

Cuentan que podía poner los pies sobre la mesa en el rancho de George Bush, cuando eran “compadres”, tal como lo definió el propio mandatario de Texas antes de convertirse en presidente de Estados Unidos.

Pero también tenía de aliados a grupos criminales. De acuerdo con las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, desde 1998, cuando Yarrington era candidato a la gubernatura de Tamaulipas, aceptó sobornos de los cárteles del narcotráfico, incluyendo el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva, y mantuvo su colaboración con estos grupos a lo largo de todo su mandato.

A cambio, el exgobernador de Tamaulipas permitió a los criminales operar a gran escala, incluido el contrabando de drogas a la Unión Americana. Se sabe que hasta el 2009 Yarrington se vio involucrado en el contrabando de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos.

Llevaba cinco años burlando a la justicia hasta que el 9 de abril de 2017 fue localizado y detenido en Florencia, Italia, y el viernes pasado la justicia italiana decidió extraditar a Yarrington a Estados Unidos, no sólo acusado de proteger, sino de ser parte de la estructura criminal de Los Zetas.

México también requería al exgobernador, pero Italia consideró que las acusaciones en la Unión Americana eran más sólidas y lo envió a ese país.

Momentos antes de que fuera entregado a cinco agentes del US Marshal y la Homeland Security Investigations, en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, Yarrington intentó ser irónico y dijo: “Ahora saldré en la prensa, en Internet, quizá en YouTube”.

La justicia italiana tomó la decisión de otorgarle la extradición a Estados Unidos, luego de que el pasado 4 de abril ese país entregara las garantías por parte de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Estados Unidos aseguró que el exgobernador de 61 años no será privado de la posibilidad de pedir reducciones de pena si finalmente es condenado, tal como solicitaba Italia para cumplir con su legislación y proceder con el envío. Además, Yarrington enfrentará penas de prisión que incluyen la cadena perpetua, pero no la pena de muerte.

Incluso si México vuelve a solicitar la extradición de Yarrington una vez que sea condenado en Estados Unidos, se deberá pedir la autorización de Italia, como establece el derecho internacional.

En Estados Unidos el exgobernador enfrenta 11 delitos, entre ellos, crimen organizado, extorsión, tráfico de droga, lavado de dinero y fraude bancario.

Las acusaciones establecen que Yarrington y el tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, propietario de la empresa de construcción Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., conspiraron para violar las disposiciones de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, también conocida como RICO.

Los registros judiciales alegan que, a partir de 1998, Yarrington y Cano adquirieron activos valiosos en Estados Unidos, usando nombres y entidades comerciales establecidas a partir de 2005, para disfrazar la verdadera propiedad de éstos.

Cano Martínez, quien fue el “constructor favorito” de Yarrington, también es señalado de recibir sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del crimen organizado.

El empresario, identificado como el operador financiero de Yarrington, ya había sido arrestado en febrero de 2017 en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, bajo cargos de lavado de dinero, delito por lo que lo busca el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, luego de presentar un amparo y pagar una fianza, salió libre.

Desde 2012 fiscales de Estados Unidos habían solicitado al gobierno de México la captura y extradición de Tomás Yarrington y Fernando Cano.

Se asegura que durante el juicio contra Yarrington, los fiscales presentarán a testigos como Jorge Eduardo Costilla, El Coss, capo del Cártel de Golfo; el empresario Guillermo Flores Cordero y Luis Carlos Castillo Cervantes, El Rey de los Dragones; ya que ellos firmaron acuerdos para reducir su condena.

Todo iba bien para Yarrington hasta que Antonio Peña Argüelles, su socio y enlace con los cárteles de la droga, fue detenido por la DEA.

Se sabe que Yarrington protegía a Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, desde que era alcalde de Matamoros, ciudad natal de Osiel.

En marzo de 2003 Osiel Cárdenas fue detenido por elementos del Ejército mexicano en Matamoros y finalmente fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2007, donde llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese país. De acuerdo con especialistas, ahí comenzó la caída de Tomás Yarrington.

Hay que recordar que Los Zetas y el Cártel del Golfo pertenecían a una misma organización criminal. Cuando se dio la ruptura, quienes habían colaborado con ambos grupos quedaron en medio de la refriega. Y fue precisamente cuando se intensificó la violencia en Tamaulipas.

Pero hay otro tema en torno a la historia de Yarrington, la relación entre los cárteles mexicanos de la droga con la mafia italiana. Mañana se las cuento.

En manos de la justicia

El exgobernador de Tamaulipas, extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de abril, compareció el lunes ante la Corte de Texas.

En esa audiencia el juez Ronald Morgan ordenó decomisarle sus bienes, entre ellos, un avión y varias propiedades, además de 132 millones de dólares depositados en instituciones bancarias de la Unión Americana durante el mandato de Tomás Yarrington.

Tras leerle los 11 cargos que se le imputan, entre ellos: crimen organizado, importación de drogas, fraude bancario y evasión de impuestos, el juzgador le preguntó si tenía recursos para costear su defensa, a lo que respondió “no sé” y argumentó que debía consultar con su familia.

Ronald Morgan le asignó un abogado de oficio, el cual deberá pagar cuando sepa si tiene o no dinero.

Mañana a las 13:30 horas se llevará a cabo la audiencia de declaración de cargos en la cual Yarrington deberá señalar si se declara culpable o no de los delitos que se le imputan.

Las acusaciones de lavado contemplan sentencias de hasta 20 años de prisión; la conspiración, hasta 30 años; la conspiración de drogas, al menos 10 años y los cargos de estructura monetaria, cinco años.

 

El 16 de diciembre de 2016 la Comisión de Justicia partidaria del PRI aprobó expulsar a Yarrington de sus filas, acusado desde 2004 de cargos de narcotráfico.